Washington, 22 mar (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) demandas contra Venezuela y Guatemala por considerar que no cumplieron sus recomendaciones en dos casos.
La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó hoy en un comunicado de que en el caso de Venezuela se trata del caso "Joe Luis Castillo González y otros" y en el de Guatemala de la denuncia "Gudiel Álvarez y otros", más conocida como "Diario Militar".
La demanda contra Venezuela se relaciona con el asesinato, el 27 de agosto de 2003, del defensor de derechos humanos Joe Luis Castillo González, en un atentado en el que su esposa, Yelizte Moreno de Castillo, y su hijo de un año y medio de edad, Luis César Castillo Moreno, resultaron gravemente heridos.
Este ataque permanece en la impunidad, pues el Estado no llevó a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, señaló la CIDH.
La investigación iniciada tuvo serias irregularidades y fue archivada por el Ministerio Público sin que se practicaran diligencias encaminadas a esclarecer los hechos de acuerdo con líneas lógicas de investigación, explica.
La Comisión dio por probado que, en la investigación, aparecieron indicios de presunta connivencia o participación de agentes estatales en el atentado que fueron desechados sin agotar las respectivas investigaciones.
Esta falta de investigación, además de constituir una violación del derecho a la vida y a la integridad personal y una denegación de justicia, tuvo un efecto amedrentador contra defensores y defensoras de derechos humanos en la zona de Machiques, Estado Zulia y, particularmente, en el Vicariato Apostólico, afirma la CIDH.
El caso se envió a la CorteIDH el 22 de febrero.
Por su parte, la demanda contra Guatemala se relaciona con la desaparición forzosa de 26 víctimas, con la desaparición forzosa y ejecución extrajudicial de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y con la detención y tortura de la niña Wendy Santizo Méndez.
Estos hechos se encuentran en la impunidad, pues el Estado de Guatemala no ha realizado una investigación seria y efectiva ni ha identificado ni sancionado a los responsables materiales e intelectuales de los mismos.
Este caso es ilustrativo del contexto de la política contrainsurgente caracterizada por el terror y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el conflicto armado en Guatemala, así como de la situación de impunidad que habitualmente acompaña estas violaciones en ese país, sostiene la CIDH.
A esto se suma el ocultamiento durante años de información relacionada con el uso de la inteligencia militar como forma de contrainsurgencia.
El documento conocido como "Diario Militar", dado a conocer por la organización no gubernamental National Security Archive en 1999, contiene un registro de operativos -tales como secuestros, detenciones secretas y, en muchos casos, asesinatos- e información sobre las víctimas de dichos operativos.
Este documento fue elaborado por la unidad de la inteligencia presidencial guatemalteca conocida como El Archivo, entre agosto de 1983 y marzo de 1985, y en el registro de acciones perpetradas contra unas 183 personas se encuentran las víctimas de este caso, que se envió a la Corte el 18 de febrero. EFE
